El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el jueves una comisión de expertos para investigar y ayudar a poner fin a la violencia carcelaria que ha matado a más de 300 personas encarceladas en el país este año.
Lasso, un exbanquero conservador, declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario en septiembre, luego de que 119 reclusos murieran en violentos enfrentamientos en la penitenciaría Litoral en la costa de Guayaquil.
Otros 62 reclusos murieron en un enfrentamiento en noviembre en la misma cárcel, la más violenta del país.
“La comisión analizará las causas y efectos de la actual situación carcelaria, con el fin de establecer un pacto interno de convivencia con dignidad, humanidad y responsabilidad”, dijo Lasso en la firma de un decreto para la creación del grupo de nueve integrantes.
“Una de las grandes intenciones es acabar con las mafias que dominan las cárceles, permitiendo la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social”, dijo. “No podemos perder más tiempo ante la crisis carcelaria”.
El grupo incluye un experto en derechos humanos, un psicólogo clínico, un abogado penalista, un sacerdote católico y un pastor evangélico, y funcionará durante seis meses.
El gobierno ha culpado de la violencia a las luchas de poder entre las mafias del narcotráfico, pero el sistema penitenciario ha sido criticado durante mucho tiempo por las malas condiciones de vida de sus 38.500 residentes y el 30% de hacinamiento.
Lasso ya envió al ejército para ayudar a controlar las cárceles, anunció reformas legales para extender las sentencias para los líderes de pandillas y puso en libertad a los presos con enfermedades graves.
El Tribunal Constitucional ha cuestionado la declaración de emergencia y dijo que la crisis requiere soluciones estructurales sostenidas.
Los esfuerzos de Lasso han cambiado poco para los ecuatorianos y no logran enfrentar la pobreza y la deficiente vigilancia policial subyacente a la violencia, dicen analistas y ciudadanos.