En octubre de 2021 apareció en todos los noticieros de Guatemala el titular “Hay disturbios en Izabal. En El Estor los pescadores que protestan en contra de la mina suiza, se salen de control. El presidente Alejandro Giammatei declara estado de sitio en la región, establece toque de queda y envía fuerzas de seguridad a poner orden”. En el trasfondo de ésto, hay una historia bastante distinta. Y en ella, el presidente de AmCham Guatemala, Juan Pablo Carrasco de Groote, está hundido hasta el cuello.
Precedentes
En 2014 comenzó a funcionar en Izabal la mina “Fénix”, operada por una minera rusa, que tiene su sede en Suiza; se llama “Solway” y extrae níquel para procesar en Rusia y enviar a Finlandia, al fabricante de acero “Outokumpu”; también a Luxemburgo, a la “Asperam”.
Para poder laborar en Guatemala, la minera fundó dos empresas que operarían ésta y otras minas alrededor del lago de Izabal, región muy rica en níquel. Fueron la “Compañía Guatemalteca de Níquel” o “CGN” y “ProNiCo”.
Los ejecutivos de la empresa, al ser extranjeros, necesitaron a alguien versado en leyes de minería y derecho internacional, guatemalteco, que fuese capaz de hacer lo que fuera por los intereses de la minera. Investigaron, y encontraron un nombre relacionado con la minería y la corrupción: Juan Pablo Carrasco de Groote.
Quién es Juan Pablo Carrasco de Groote
Es un abogado con la capacidad profesional que buscaban los rusos de Solway. Estuvo involucrado con Federico Machado, reconocido narcotraficante argentino, dueño de “Minas del Pueblo”, que extrae ilegalmente oro y plata en Guatemala. Buscado por la Interpol. Ya capturado en Argentina y extraditado a los EEUU.
Federico Machado colocó como dirección para recibir notificaciones, la misma que “Central Law Guatemala”, la compañía de abogados en la que el vicepresidente es Juan Pablo Carrasco de Groote.
La oficina central de “Central Law International” se encuentra en Panamá, y comparte dirección de notificaciones con la famosa “Mossack Fonseca”; muy conocida por los “Panama Papers”: unos cuantos millones de documentos que se filtraron en 2016 al periódico “Süddeutsche Zeitung”, y que varios otros medios publicaron al mismo tiempo.
Los Panama Papers documentan empresas “de papel” establecidas por Mossack Fonseca a favor de clientes “especiales”, que quieren aprovechar el estatus de “Paraíso fiscal” y mantener sus millones sin declarar su procedencia: lavado de dinero. Los clientes que fueron descubiertos, todos reconocidos políticos corruptos de todo el mundo.
Y el nombre “Juan Pablo Carrasco de Groote” aparece 26 veces en estos documentos, como fundador, presidente o algún otro alto cargo de empresas que no presentan una actividad clara, y cuentas offshore en otros paraísos fiscales como la Anguila Británica o la misma Panamá.
A principios de este año, el mismo Juan Pablo Carrasco de Groote fue re-electo presidente de AmCham Guatemala.
Las protestas y Juan Pablo Carrasco de Groote
En 2017 los pobladores de El Estor, El Paraíso y otras aldeas y pueblos alrededor del lago, notaron una mancha roja que provenía de la mina. Los ejecutivos de la mina tomaron muestras, y la explicación para limpiar el nombre de la mina, dejó al gobierno sin preocupación. Además de una alfombra llena de dinero que, se dice, unos rusos le trajeron de regalo al presidente Alejandro Giammatei.
A los líderes comunitarios les habían también regalado Q 4000 para que no hablaran, y a la policía de El Estor le regalaban la gasolina, repuestos de patrullas, alimentos y otras ayudas que, si bien no son ilegales, es ilegal la forma como lo hacen.
Y a quienes no aceptaban soborno, como Carlos Choc y otro periodista que tomó fotografías de la mancha roja, les generaron orden de captura, sus mascotas murieron, sus casas destruídas. A otros que tampoco aceptaron dinero de la mina, un químico les mató sus plantaciones de cardamomo.
El pueblo protestó en 2017. Hubo un muerto: Carlos Maas, pescador. 500 militares y 350 policías dispersaron las protestas con “extrema e innecesaria violencia” para despejar las vias de acceso a la mina y lograran salir y entrar los camiones con material.
Y qué tiene que ver Juan Pablo Carrasco de Groote
En primer lugar, que es el abogado asesor de la mina; un soborno es ilegal, seguramente aconsejaría a los ejecutivos de la minera no dedicarse a esa práctica. O les aconsejaría que es algo “que funciona” en Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad decretó que no se renovara la licencia de operación de la mina. Pero Juan Pablo Carrasco de Groote recomendó a la minera que no acatara tal orden y continuara sus funciones. Y en mayo de 2019 salió otra mancha roja de otra mina de Solway, de Montúfar II.
Y en 2021 de nuevo. Polvo rojo que corroe los tejados de las casas y envenena a mujeres y niños de las orillas del lago, menos pesca, menos cosechas.
Explosiones en las calderas que matan a los obreros de la mina, y otros sucesos.
Uno de los manifestantes de apellido Ché le manifestó al investigador de la OCCRP en enero: “Hacemos ésto para que la comunidad tenga un ambiente limpio, mejor agua, un mejor lugar para vivir, sin contaminación”.
Y, de nuevo, el gobierno de Guatemala tomó como “terroristas” a los pobladores y como “víctima” a la minera, y envió policías y soldados a dispersar las protestas, impuso toque de queda y estableció estado de sitio, con el que muchos (pescadores) pudieron ser arrestados sin mayor investigación. Y la mina siguió trabajando.
Además, Juan Pablo Carrasco de Groote es presidente de AmCham
La Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala es el organismo que representa comercialmente a los EEUU en este país. Por medio de esta organización, el gobierno norteamericano colaborará con un billón de dólares para que se inviertan en Guatemala. Pero el presidente, el representante de tal organización, es un licenciado corrupto.
El simple hecho de que su nombre aparezca en los Panama Papers, o de su relación con Federico Machado o Karin Landaverry, sería suficiente para que los socios de la Cámara de Comercio decidieran que Juan Pablo Carrasco de Groote no es apropiado para presidir su organización.
O incluso pedir una investigación profunda de este personaje a la Fiscalía General.
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