En el año 2014 iniciaron los trabajos de extracción de níquel en los alrededores del cuerpo acuífero más grande de Guatemala, el lago de Izabal. El metal pesado abunda en las colinas que rodean al lago, extraído del actualmente el mayor agujero a cielo abierto en Centroamérica que ha sido hecho por el ser humano.
Pero el níquel había sido descubierto desde los años 1970s en las orillas del lago, y varias empresas de minería habían intentado firmar contratos con el gobierno guatemalteco. En el 2014 entró la minera “Solway”, una compañía gigantesca de origen ruso y suizo; la filial en Guatemala recibió el nombre de “Compañía Guatemalteca de Níquel” o CGN por sus siglas; en colaboración con otro nombre de persona jurídica, Pronico.
El lago de Izabal está rodeado también por habitantes de un grupo étnico descendiente de los mayas, los Kekchíes, quienes se dedican principalmente a la pesca y a cultivos agrícolas.
Inmediatamente varios de los tranquilos poblados cercanos, como “Las nubes” o “El Estor”, se vieron atravesados por 150 camiones diarios, a toda hora, que llevaban el níquel para su procesamiento en el extranjero, gracias a la cercanía del lago de Izabal con el Océano Atlántico.
Desgraciadamente, no sólo el ruido y la molestia de los camiones era el problema, sino que principalmente una mancha roja que aparecía flotando sobre el agua, la disminución en las cosechas, la baja en la pesca y problemas de salud.
Según las leyes de derecho internacional y organizaciones que protegen las poblaciones indígenas, cualquier actividad minera tiene que ser consultada previo a iniciarla, pero la compañía Solway no realizó estas consultas, sino que simplemente inició sus labores
En 2017 la población indígena no soportó la situación y realizó protestas. El 27 de mayo de 2017 esas protestas fueron ahogadas por la policía nacional de Guatemala, e incluso hubo muertos. Podemos mencionar a Carlos Maaz, pescador local quien yacía muerto en la calle, asesinado aunque la policía negara tal acusación. Carlos Choc, periodista local, fue quien encontró el cuerpo. Luego de eso, la vida de Carlos Choc se convirtió en un infierno.
Pero no quedaron las cosas así, pues el pueblo se continuó quejando y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó en 2018 al Ministerio de Energía y Minas que ya no otorgara licencia a la mina “Fénix”, que explota “Solway” por medio de su filial “CGN”.
Y aquí entra Juan Pablo Carrasco de Groote quien, siendo experto en derecho internacional, con especialización justamente en minería y otras explotaciones industriales, recomendó a Solway que ignorara la decisión de la Corte de Constitucionalidad, y continuara con la explotación de níquel en la mina.
¿Quién es Juan Pablo Carrasco de Groote?
Actualmente presidente de AmCham Guatemala, pero también abogado de Solway y director de la empresa jurídica “Central Law”, miembro de “Mossack Fonseca” y cuentahabiente de una enorme cantidad de cuentas offshore en varios países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y la Anguila Británica. Además es propietario de varias empresas que, según registros, no presentan a qué actividad se dedican. Los expertos e investigadores están seguros de que esas empresas son “fantasmas” o “de papel”, como se les llama a las compañías creadas para el lavado de dinero.
Ya en Mossack Fonseca se sabía de los actos de corrupción de Juan Pablo Carrasco de Groote, y Central Law no está limpia tampoco. En los reconocidos “Panama Papers” aparece mencionado nuestro abogado en 26 ocasiones.
Pero eso no es todo, pues Juan Pablo Carrasco de Groote aparece también mencionado en una buena cantidad de ocasiones en los resultados de una investigación que realizó un grupo de periodistas, y que se llamó “Pandora Papers”. Siempre en relación con la corrupción.
Aquí no termina incluso. Una filtración de ocho millones de documentos, recibida por Forbidden Stories y que incluye conversaciones internas, órdenes de directivos, estrategias depresivas y correos electrónicos, reveló no sólo la sumisión del Estado de Guatemala ante la minera, el ocultamiento de daños ambientales, sino que también el involucramiento de Juan Pablo Carrasco de Groote como abogado asesor de la minera.
La investigación a los mencionados papeles estuvo a cargo de periodistas de medios como “Le Monde”, “The Guardian” o “The Incetercept”, y fue parte de una serie, que se conoce como “Green Blood” y que se dedica a la defensa de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales. Y esa investigación continuó bajo el formato de “Mining Secrets”.
El presidente de AmCham Guatemala involucrado en un desastre ecológico
La organización no-gubernamental norteamericana en Guatemala, conocida como AmCham, debería mantener los principios éticos y morales que pregona la democracia estadounidense. Y su presidente debería ser un modelo de tales principios, no lo contrario, como lo es Juan Pablo Carrasco de Groote, quien es un modelo, pero de corrupción.
La empresa minera Solway continuó las labores de minería descaradamente tras la prohibición de la Corte Constitucional de Guatemala y, a organismos de investigación, como el Ministerio de Energía y Minas, ante la pregunta de “¿Por qué las bodegas están llenas de material de níquel si la mina ya no trabaja?” responde con “Es material extraído previo a la suspensión de la licencia”. O ante la observación de bosques adicionales talados después de la suspensión de la licencia, responde que “la vegetación fue removida para realizar estudios hidrogeológicos”.
De forma que los daños a la ecología continúan descaradamente, pues el níquel sigue saliendo, el misterioso polvo rojo sigue siendo vertido a las aguas del lago, los peces siguen muriendo y los cultivos agrícolas continúan disminuyendo.
Pero lo peor de ésto es: seres humanos siguen muriendo.
Juan Pablo Carrasco de Groote recomendó comprar a la policía
A mediados del 2021, la población kek´chí en Izabal volvió a organizar protestas en contra de la minera Solway, cuyo asesor jurídico es Juan Pablo Carrasco de Groote.
Inmediatamente, el presidente de Guatemala Alejandrio Giammatei, recibió una carta del gerente general de GNC-Pronico, solicitándole “apoyo para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”. Y un mes después, el presidente de Guatemala envió a cientos de militares y policías a ese municipio, que ahogaron las protestas utilizando violencia.
Se demostró que fueron Solway y CGN-Pronico quienes le pagaron a los policías y soldados la comida, gasolina para sus vehículos, repuestos, y otras necesidades, algo totalmente irregular, puesto que los medios legales para otorgar una ayuda a las fuerzas de seguridad es por medio de la Tesorería Nacional, y no directamente. Algo que seguramente sabe Juan Pablo Carrasco de Groote, puesto que es abogado en derecho internacional y, sobre todo, guatemalteco y especializado en leyes de minería.
El presidente de AmCham Guatemala es, primero, guatemalteco. Debería abogar por la protección a los recursos y pueblos de su país natal; segundo, como representante de una organización norteamericana en Guatemala, debería representar valores éticos y morales que emulen a los que el pueblo norteamericano predica, y no corrupción.
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