Más de 14 millones de afganos corren el riesgo de morir de hambre a corto plazo, según el Programa Mundial de Alimentos.
Las estadísticas internacionales muestran sistemáticamente que existe una estrecha correlación entre la pobreza extrema y la aparición de crisis humanitarias.
Afganistán no es una excepción a esta lógica, que ha llevado recientemente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a pedir cuentas a la comunidad internacional por un riesgo importante: si se suspendiera la ayuda financiera internacional, la proporción de afganos que viven por debajo del umbral nacional de pobreza alcanzaría el 97% de la población. Un récord. Antes del 15 de agosto de 2021, el Banco Mundial estimaba esta tasa en un 72%. Era el 60% en 2020.
El 13 de septiembre se celebró una reunión internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Secretario General, Antonio Guterres, adoptó en esta ocasión una postura firme para obtener rápidamente los fondos de emergencia que se consideran necesarios, y también exigió que las organizaciones humanitarias puedan trabajar sin obstáculos y sin peligro. Este llamamiento ha dado lugar a más de 1.000 millones de dólares en promesas de contribuciones.
Más embarazoso para la comunidad de ayuda internacional fue su referencia adicional a las cláusulas de condicionalidad en la entrega de fondos. El apoyo de las organizaciones humanitarias a la población afgana parece estar sujeto a condiciones a las que las nuevas autoridades del país deberán ajustarse para que la ayuda sea efectiva. Esta declaración mantiene claramente la preeminencia de la ayuda entregada en condiciones, de la que las organizaciones humanitarias son ipso facto los relevos.
Los diferentes mecanismos que crean una crisis humanitaria
En Afganistán se combinan varios mecanismos que, en conjunto, conducen a la ruptura de un equilibrio precario y hacen que una gran parte de la población más frágil caiga en una situación de emergencia de supervivencia:
Se trata de un conflicto incesante desde hace cuarenta años, reactivado por las ofensivas que condujeron a la caída del gobierno presidido por Ashraf Ghani.
Las cifras que se presentan a continuación reflejan el aumento gradual de las víctimas y los muertos civiles desde 2019, con una estacionalidad conocida en el país: la violencia, contenida por la paralización invernal del movimiento de los combatientes, aumenta en la primavera para alcanzar un pico cada año durante el verano.
Además, hay que tener en cuenta los efectos de la degradación del medio ambiente, con inundaciones y sequías de larga duración según la provincia, y la crisis de Covid-19 que empeora aún más el sombrío panorama con sus efectos sanitarios y económicos. Afganistán no es una excepción a la lógica que ha llevado a los países más pobres a sufrir los efectos más devastadores de la pandemia.
La combinación de los dos mecanismos anteriores da lugar a movimientos de población. Estos factores determinantes de la crisis humanitaria llevan actuando más de cuatro décadas, lo que convierte a Afganistán en uno de los seis países del mundo con más de 10 millones de personas que necesitan ayuda para 2020.
Afganistán es, junto con la República Democrática del Congo, el país con el mayor aumento en el número de personas que necesitan asistencia vital en 2020, con 2,7 millones de personas más. Antes de la aceleración de la migración que comenzó a principios de 2021, ya era el sexto país del mundo en número de desplazados (3,6 millones). La gran mayoría de ellos son ahora desplazados internos.
Inseguridad alimentaria, enfermedades, drogadicción… los múltiples males que aquejan a los afganos
La violencia, los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos y la mala calidad del agua se suman a un cuadro tristemente común de la epidemiología de la pobreza. A esto se añade una realidad específica de Afganistán, con graves consecuencias sanitarias y económicas: el peso de la drogadicción, entre la que destaca el consumo de opio.
Un tercio de los afganos sufría inseguridad alimentaria antes de la caída de Kabul. Un millón de niños sufren desnutrición aguda grave, que pone en peligro su vida. A principios de 2021, 17 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria, el doble que el año anterior. La mitad de los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes están identificados como en riesgo de desnutrición aguda en 2021.
Su reubicación en campamentos improvisados o en la periferia desfavorecida de las ciudades refuerza las vulnerabilidades: falta de alimentos, exposición al frío, falta de agua potable y letrinas, falta de utensilios como combustible para cocinar. A ello se añaden las infecciones respiratorias agudas, las diarreas, las dermatitis vinculadas a la falta de higiene y las patologías relacionadas con el parto y, en general, con la esfera ginecológica de las mujeres. La promiscuidad y el agrupamiento de las personas también crean un riesgo importante de múltiples epidemias: sarampión (a menudo mortal en niños desnutridos), meningitis
Factores que influyen en el contexto humanitario
Tras la expulsión de los talibanes del poder en 2001, el país experimentó profundos cambios.
Tres de estos cambios son importantes y están relacionados entre sí, y sus efectos refuerzan la crisis humanitaria a la que se enfrenta la población. También constituyen consideraciones sensibles para el nuevo poder en su capacidad, más allá de la expresión de la fuerza, de convencer a la población de su capacidad para mejorar su existencia.
- Crecimiento demográfico y urbanización
Desde 1996, la población ha aumentado de 18 a 38 millones de habitantes. Se trata de una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo (6% anual). La primera conquista de Kabul tuvo lugar en una ciudad maltratada por los bombardeos, que entonces sólo tenía 300.000 habitantes. Hoy en día alberga a más de 4 millones de personas.
Los pastunes, cuyas zonas de asentamiento en las provincias fueron la cuna del surgimiento del movimiento talibán, ahora sólo representan el 25% de la población de la capital.
Desde la entrada de los soviéticos en 1979, la tasa de urbanización casi se ha duplicado, pasando del 15% a casi el 30% de la población total del país.
Esta realidad demográfica está relacionada con los temores que ha generado la toma del poder político por parte de los estudiantes de religión, especialmente entre los habitantes de las ciudades. Sin embargo, este peso de las ciudades contiene serios fermentos de resistencia al proyecto de sociedad de los talibanes.
Por el contrario, el siguiente mapa muestra la asimetría que prevaleció en 2017 en cuanto a las tasas de pobreza según la región. Es sobre esta realidad económica y social que el movimiento talibán ha seguido prosperando, hasta su reciente toma de posesión.
- El lugar que ocupa el cultivo “durmiente” de la adormidera en la economía del país
En Afganistán, la amapola es un recurso importante en la economía rural. El país es, con diferencia, el mayor productor mundial de opio, con una contribución estimada del 84% de la producción mundial. Esta situación es el resultado de tres mecanismos interrelacionados.
Mientras que otros países productores de la región (Irán, Pakistán, Turquía) han legislado para prohibir la producción desde principios del siglo XIX, éste no ha sido el caso de Afganistán, donde el Estado ha sido incapaz de controlar el crecimiento de la producción.
El periodo comunista y la ocupación soviética provocaron el primer aumento significativo de la superficie de cultivo de adormidera: de 1980 a 1989, la producción de opio se quintuplicó. Los ingresos generados contribuyeron en gran medida a pagar la compra de armas para los muyahidines (la producción estaba controlada por los señores de la guerra, que utilizaban el dinero para diversos fines, incluida la compra de armas; sin embargo, no todos ellos apoyaron la rebelión en función de sus intereses y alianzas). Por último, desde la entrada de la coalición en 2001, la degradación de la agricultura alimentaria y el deterioro de la vida económica han empujado a los agricultores hacia el cultivo de la adormidera.
En 2020, el país contaba con 224.000 hectáreas de adormidera (ubicadas en su mayoría en las provincias del sur), lo que supone un aumento del 37% respecto a 2019. El mismo informe aporta datos adicionales: 6.300 toneladas de opio producidas y unos ingresos acumulados estimados en 2.000 millones de dólares para todos los eslabones de la cadena (agricultores, operadores, comerciantes, etc.).
El año 2020 es uno de los cuatro picos más altos en áreas cultivadas en la historia del país. Esta producción representaría actualmente entre el 6 y el 11% del PIB de Afganistán.
- Una cadena fatal de acontecimientos que degrada la economía rural
Conflictos armados, desplazamientos forzados, fragilidad y degradación del medio ambiente, deterioro de los cultivos alimentarios, aumento del cultivo de adormidera: estos diferentes factores convergen y se combinan para causar una gran inseguridad alimentaria.
Afganistán es un país de altas montañas donde el suelo es árido y las llanuras y el agua son escasas. De una superficie total de 65 millones de hectáreas (650.000 km2), se calcula que sólo 8 millones de hectáreas son cultivables, es decir, el 12% del país.
Los sistemas de riego fueron destruidos en gran medida por los bombardeos durante la ocupación soviética (1979-1989) y dañados deliberadamente por las distintas partes en conflicto durante la lucha armada. No siempre se han reconstruido con el telón de fondo de un éxodo rural y la reorientación de la producción agrícola hacia el cultivo de adormidera, que consume menos agua. El país sigue sin poder aprovechar los recursos hídricos congelados en nieves eternas en el Hindu Kush. Debido a que ha surgido como una solución a la precariedad de los medios de vida rurales, el cultivo de amapola ha seguido floreciendo.
La destrucción de las zonas rurales y de las cadenas de producción agrícola ha sido una constante en las últimas décadas, acelerada por Covid-19.
En 1989, el gobierno, al borde de la bancarrota, disponía de pocos recursos para asignar a la agricultura, y las subvenciones para el cultivo de trigo estaban a menudo mal coordinadas y, en última instancia, eran ineficaces. En 2001, la reanudación de los combates y los bombardeos aéreos destruyeron aún más la infraestructura agrícola y las tierras de Afganistán.
Además, algunas de las tierras agrícolas quedaron inutilizadas por la dispersión de las minas. El transporte y la venta de estos productos también se ven perturbados. Las infraestructuras de transporte, como las carreteras, que solían unir a los productores con los consumidores, han sufrido graves daños. La guerra, en sus distintas etapas, ha impedido así el desarrollo económico del país, con una notable ausencia de crédito agrícola y de reforma agraria.
El siguiente mapa muestra las provincias de Afganistán donde la producción de amapola ha aumentado más entre 2019 y 2020. Muestra una clara congruencia de las zonas de cultivo con los territorios donde los índices de pobreza son más elevados, lo que refleja el reflejo adaptativo de los agricultores afganos ante el deterioro de los ingresos y las condiciones de vida.
La sequía de 2018, las inundaciones de 2019 y la crisis sanitaria de 2020 han empeorado la seguridad alimentaria del país. En 2020, el poder adquisitivo de muchos hogares cayó un 20% y el empleo se volvió un 14% más precario.
Además de desencadenar una crisis económica, el Covid-19 también ha provocado una grave crisis sanitaria: un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad afgano en agosto de 2020 estimaba que 10 millones de personas, o un tercio de la población afgana, estaban infectadas.
En este contexto económico, el opio se ha convertido en la base del crédito. La venta anticipada y los pagos aplazados se conceden como préstamos sin intereses. Esto permite a los agricultores invertir en su futura producción agrícola, como el trigo y el comino.
Este sistema de anticipos, llamado salaam, compensa la falta de crédito agrícola legal y supervisado. Muchas familias, especialmente las más pobres, dependen de estos préstamos. En este sentido, la erradicación repentina de estos cultivos sin alternativa agravaría gravemente el endeudamiento de estos hogares, mientras que la situación actual expone al país al riesgo de colapso alimentario.