A principios de marzo del 2017, tras tres años de funcionamiento sin la aprobación de los pobladores Kek´chíes alrededor del lago más grande de Guatemala, Izabal, la mina “Fénix” soltó un líquido rojizo-anaranjado que se regó por el cuerpo lacustre en dirección a las aldeas.
Esta mina es manejada desde el 2014 por la “Compañía Guatemalteca de Níquel” o CGN por sus siglas en español, que a su vez es filial de la multinacional rusa y suiza “Solway”.
La primera persona en reportar la misteriosa mancha roja fue Maritza Aguirre Cordón, según reporta la investigación de la OCCRP. Unos pocos días después el gerente de “Pronico”, que también maneja la mina junto con CGN, reportó a Solway y a CGN que había una mancha de agua roja “que podía ser vista desde lejos” procedente de la mina.
La OCCRP realizó una investigación y descubrió los emails que fueron enviados con relación al suceso. Entre ellos se encontraba uno de Marco Aceituno, quien demostraba su preocupación por una visita del Ministerio de Ambiente, o posibles protestas de pobladores de El Estor, un pueblo grande cercano a la mina.
Para el 27 de mayo, la mina ya tenía una respuesta oficial en la que culpaba a las aldeas cercanas de contaminar el lago con aguas servidas o exceso de fertilizantes, que estaban fomentando un crecimiento exagerado de algas malignas.
El Ministro de Ambiente de esa época, Sydney Samuels, apoyó tal hallazgo, mientras Solway decía que “si encontramos algo inapropiado procedente de la mina, tomaremos acción”
Análisis independientes
Mientras la compañía informaba oficialmente que no existía contaminación en el lago, correos electrónicos internos que luego descubrió la OCCRP demuestran que internamente la compañía estaba preocupada por “niveles de níquel 20 veces más altos de lo permitido”.
Unos pocos meses después comenzaron a salir los resultados y opiniones de expertos independientes, como el brasileño Lucas Barreto, quien descubrió contaminación por metales pesados, como níquel, cromo, hierro, aluminio y mercurio, que “son indicadores de polución por actividades de minería”. También indicó que son concentraciones peligrosas para la salud, que pueden causar “lesiones de la piel, cáncer del sistema digestivo y mutaciones genéticas”, según dijo.
Otro experto fue Laurence Maurice-Bourgoin, del Instituto Francés de Investigación del Desarrollo, quien determinó que los niveles de cromo en el sedimento eran 27 veces mayores, y que el cromo es un resultado de la extracción y procesamiento en la minería de Níquel
Protestas y Decisiones de las autoridades
Esta situación causó que los pobladores protestaran, causando incomodidad a la minera, que llamó al gobierno y le solicitó ayuda. El gobierno envió 500 militares y 350 policías, quienes ahogaron las protestas de forma violenta, con Carlos Maas como víctima mortal.
La Corte de Constitucionalidad consideró que la minería de níquel constituía un peligro para los guatemaltecos, y prohibió la renovación del permiso de operaciones en marzo de 2021. El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala estuvo de acuerdo.
Juan Pablo Carrasco de Groote
Este abogado en derecho internacional, especializado en leyes relativas a la minería y explotación de recursos naturales trabajaba como encargado de los aspectos legales de la CGN.
Obviando la decisión de la Corte de Constitucionalidad, Juan Pablo Carrasco de Groote recomendó a CGN que hiciera caso omiso de tal prohibición y continuara las actividades de extracción, lo que causó nuevas protestas a finales de 2021, generando la institución de Estado de Emergencia por el gobierno de Guatemala, y nuevas víctimas en la represión a los pobladores de libertad de protesta.
Pero Juan Pablo Carrasco de Groote no sólamente está involucrado en este crimen a la ecología, y a daños a la salud de los pobladores de la región. También se ha demostrado que tiene nexos con narcotraficantes perseguidos por la Interpol, cuentas offshore, 26 apariciones en los “Panama Papers” y otros documentos filtrados que demuestran corrupción, y otros crímenes perpetrados por su compañía “Central Law”.
Pero la Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala no le prestó importancia a los actos de corrupción de Juan Pablo Carrasco de Groote, y lo re-eligió como presidente de esta organización. Un abogado corrupto representa a una institución norteamericana. Esto debería ser investigado por el Ministerio Público de Guatemala, por la CICIG y otras entidades apropiadas.
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